
Desde finales del siglo XX, El Salvador ha enfrentado altos índices de violencia vinculada principalmente a pandillas y al crimen organizado. En respuesta a esta situación, diferentes administraciones gubernamentales han implementado políticas de mano dura, caracterizadas por un enfoque punitivo hacia los delincuentes y un énfasis en la aplicación rigurosa de la ley. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, la violencia persiste y continúa siendo una preocupación clave para la sociedad salvadoreña.
Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de El Salvador, el país registró una tasa de homicidios de 50.3 por cada 100,000 habitantes en 2022, una cifra alarmante que refleja la magnitud del desafío que enfrenta en materia de seguridad. Ante este panorama, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha intensificado las medidas de mano dura en un intento por contener la violencia y proteger a la población.
Políticas de Mano Dura: Un Enfoque Controversial

Efectos de la Militarización en los Derechos Humanos

CICIES: Una Apuesta por la Transparencia y la Justicia

La política de mano dura implementada por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha generado un intenso debate sobre su efectividad y sus implicaciones para los derechos humanos. Si bien es evidente la necesidad de abordar la criminalidad en el país, es fundamental encontrar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales. En este sentido, es crucial que el gobierno salvadoreño tome medidas para garantizar que sus acciones estén en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y el estado de derecho.
Bukele, N. (2023). Discurso presidencial sobre seguridad nacional. San Salvador: Gobierno de El Salvador.
Amnistía Internacional. (2023). Violations of Human Rights in El Salvador: A Report. Retrieved from https://www.amnesty.org/en/countries/americas/el-salvador/report-el-salvador/
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